lunes, 11 de marzo de 2013

¿empresa pública o empresa privada?

Una conversación de facebook con un amigo esta tarde me ha animado a escribir esta entrada. En dicha conversación, en la que discutíamos sobre el Tribunal de Cuentas (ese órgano rápido donde los haya, que creo recordar que iba por el análisis de las cuentas de 2008 del PP, y eso que solo estamos a 2013) ambos estábamos de acuerdo en que funcionaba mal, solo que yo abogaba por privatizar ese órgano (o que directamente desapareciese) y mi amigo defendía que se le dotara de más medios y que siguiese siendo público. Voy a explicar porqué en este caso, creo que sería mejor que las auditorías de los partidos políticos y demás las llevasen a cabo organismos privados (dejando a un lado el conflicto de intereses que se produce al ser un órganismo público el encargado de las auditorías del sector público)

En economía siempre ha existido la disyuntiva entre eficiencia y equidad. La eficiencia es utilizar "mejor" los recursos productivos (trabajo y capital) para llevar a cabo una tarea. Equidad es llevarla a cabo de manera que perjudique a todos lo menos posible (o que beneficie lo más posible a un conjunto, sin tener en cuenta los individuos por separado) Pues bien, por definición el sector privado normalmente debe ser más eficiente que el sector público, por la sencilla razón de que los empleados del sector público no tienen incentivos a mejorar, puesto que no pueden ser despedidos (todo esto simplificando la realidad, y a grandes rasgos) También por definición, el sector público debe ser más equitativo que el sector privado, puesto que vela por un conjunto de ciudadanos en su conjunto. 

Vistos estos conceptos, en un mercado libre, esas auditorías de los partidos podrían ser llevadas a cabo por empresas las cuales ofrecerán sus tarifas y sus condiciones a las necesidades del cliente (en este caso, el organismo a auditar) Con competencia perfecta, habrá multitud de ofertas, y se elegirá a la más eficiente para llevar la tarea a cabo una vez vistas todas las ofertas. Si solo la puede hacer el Tribunal de Cuentas, pues éste impondrá sus condiciones que pueden ser las más eficientes o no, y punto final. Es evidente que la empresa privada buscará no solo cubrir costes sino también un beneficio por el trabajo realizado, mientras que la pública, en teoría (sobres y "chanchullos" aparte) solamente tendrá que cubrir costes, por lo que, a primera vista, quizás interesaría que fuese el Tribunal de Cuentas el encargado de la tarea. Lo que ocurre, es que cada empresa es un mundo, y puede tener una estructura de costes distinta. Por tanto, no es difícil imaginar, que es más fácil que la empresa con mejor estructura de costes y por tanto, mayor eficiencia a la hora de llevar a cabo el trabajo, pueda estar entre las 1000 del mercado (por ejemplo) que el Tribunal de Cuentas (que puede ser, pero sería muchísima casualidad) 

Mi amigo me remitía al siguiente análisis: Coste total = coste del trabajo + beneficio. En empresa pública Coste total = 1 + 0. En empresa privada Coste total = 1 + 1. Y ahí es donde se equivocaba por dos razones: 

  • El coste de la empresa pública puede ser perfectamente de 2, con lo cual, coste total = 2.
  • El coste de la empresa privada, con una estructura de costes más eficiente puede ser perfectamente de 0,1 (y el beneficio exigido también puede ser menor, pero eso es otra historia), por lo que coste total = 1,1.
Por tanto, en mi opinión, en este caso debería ser una empresa privada la encargada de la tarea (menos coste para el Estado, o sea, menos coste para nuestros bolsillos)
Esto no quita para que haya funciones que deban desempeñar organismos o empresas públicas, ya que en ellas si que debe primar la equidad sobre la eficiencia, como la sanidad o la educación por ejemplo. 

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